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El Muni

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Los panameños indignados con la corrupción en su Parlamento: Si la corrupción se ha instalado en la Asamblea Nacional panameña, ¿quién cuidará del bien común, de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Panamá?

Ciudad de Panamá, 12 mar 2017.

Una comisión legislativa investigará las polémicas donaciones y subsidios con fondos públicos del parlamento de Panamá, que superaron los 12 millones de dólares en 2016, para aclarar cualquier irregularidad, según indicó hoy una fuente oficial.
 

Rubén De León Sánchez, diputado en la Asamblea Nacional panameña.- El Muni.

La comisión estará formada por tres diputados e investigará durante un mes el procedimiento utilizado para la entrega de donativos, subsidios y contratos, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Rubén De León, según un comunicado del Órgano Legislativo.
 

Este comité "se constituye como un mecanismo de transparencia para aclarar este tema" y "despejar toda duda o inquietud", anunció el diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), el señor De León.
 

Los comisionados son los diputados Yánibel Ábrego, del opositor partido Cambio Democrático (CD) y segunda vicepresidenta de la AN; Leandro Ávila, del PRD; y Juan Carlos Arango, del oficialista Partido Popular (PP).


El presidente del actual período legislativo, Rubén de León, anunció la suspensión de donaciones y contratos profesionales, e informó sobre la creación de una comisión de investigación  integrada por los diputados Yánibel Ábrego, del opositor partido Cambio Democrático (CD); Leandro Ávila, del PRD y Juan Carlos Arango, del oficialista Partido Popular (PP), además de una firma de auditores independientes.
 

De León dijo que para "dar ese toque de autonomía en las investigaciones, se incorporará una firma de auditores independientes"; así mismo aseguró que serán suspendidos los contratos por servicios profesionales y las aportaciones disponibles en la partida de pago al respecto en la Ley de Presupuesto Generales del Estado.


El abogado Ernesto Cedeño, quien presentó en meses anteriores una demanda de inconstitucionalidad contra la figura "clientelista" de los donativos y subsidios de la Asamblea Nacional, dijo que la iniciativa "no tiene ninguna validez a nivel técnico".
 

Cedeño señaló que esto es así ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha determinado que "las únicas auditorías que válidas para descubrir un delito contra la Administración Pública son las que hace la Contraloría" General de la República.
 

El letrado pone en duda la "validez de estas investigaciones" que tendrá en sus manos esta comisión, ya que, destacó, "difícilmente un homólogo va a descubrir una presunta irregularidad de su colega", porque hay "diputados y sus allegados" mencionados en esta trama.
 

Lo que (De León) debió haber hecho era manifestar que renunciaba a la presidencia de la Asamblea porque ha sido mencionado en los informes periodísticos, para que las investigaciones fluyeran libremente", resaltó Cedeño.
 

Y agregó que posiblemente De León anunció la comisión "para que el pueblo vea que se está haciendo algo".

 

Ciudad de Panamá, incluido el canal.- El Muni.
Ciudad de Panamá, incluido el canal.- El Muni.
Ciudad de Panamá, incluido el canal.- El Muni.
Ciudad de Panamá, incluido el canal.- El Muni.
Ciudad de Panamá, incluido el canal.- El Muni.
Ciudad de Panamá, incluido el canal.- El Muni.

Ciudad de Panamá, incluido el canal.- El Muni.

Pero, para tratar de llegar a la verdad, lo que procede es que la Contraloría haga una auditoría del manejo de los donativos y subsidios que ha refrendado, y luego, que el Ministerio Público (MP) lleve a cabo una investigación de oficio, apuntó.
 

Detalló además que según un informe que le facilitó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se trata de 12 millones de dólares en donativos y subsidios que se habían desembolsado hasta 2016.
 

En 2014, los pagos realizados sumaron 375.696 dólares, mientras en 2015 los diputados modificaron la ley de presupuesto para estos fines y ampliaron el montante de un total de 35.000 dólares a poco más de 4 millones, y terminaron pagando 3.908.810 dólares.
 

En 2016 repitieron la reforma y extendieron el límite presupuestario de 676.000 dólares a casi 15 millones, de los que pagaron 8.475.912, según demuestra el informe.
 

El pasado 9 de noviembre, la Contraloría informó que redactó un manual de procedimientos para fiscalizar que todo fondo para donaciones asignado en el presupuesto de la AN sea verificado correctamente para evitar cualquier tipo de discrecionalidad.
 

Este decreto fue rechazado por sectores que no lo consideran pertinente y se oponen a la medida porque promueve el clientelismo, informó la agencia EFE.

Si la corrupción se ha instalado en la Asamblea Nacional panameña, ¿quién cuidará de los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Panamá?

Contraloría:

nombre femenino
en Chile, Colombia, México y Venezuela, entidad gubernamental destinada a la vigilancia y control de los gastos de la administración pública.

 

La sociedad panameña está hoy indignada por la presunta red de corrupción en su Asamblea Nacional bajo el manto de donaciones a personas necesitadas, según reveló esta semana una investigación periodística del diario La Prensa.

 

El presidente del actual período legislativo, Rubén de León, anunció la suspensión de donaciones y contratos profesionales, e informó la creación de una comisión investigadora integrada por los diputados Yánibel Ábrego, Leandro Ávila y Juan Carlos Arango, además de una firma de auditores independientes.


 

El Magistrado panameño Harry Díaz.- El Muni.

Paralelamente, la Contraloría General anunció una auditoría al respecto; entre tanto, la Corte Suprema de Justicia analizará el martes próximo una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto que regula las donaciones, y que en una primera apreciación, el magistrado Harry Díaz consideró no avalado por la Constitución.

La publicación de documentos probatorios de la solicitud de dinero por panameños de bajos ingresos, junto con las actas y cheques correspondientes, respaldan desembolsos que pudieran alcanzar 14 millones de dólares desde julio de 2014 hasta diciembre de 2016, en una partida presupuestaria cuya legalidad está siendo cuestionada.

Pero el mayor rechazo popular radica en que de la treintena de personas consultadas por los medios de comunicación, unos negaron haber recibido dinero, mientras otros confesaron que fueron hasta el banco a cambiar el cheque con un supuesto funcionario, el cual les exigió la devolución del 95 por ciento del montante.

Otra trama de corrupción fue denunciada con relación a contratos supuestamente falsos de personal para trabajar en la Asamblea, pues las personas consultadas por el rotativo dijeron no conocer dicho documento, ni trabajaron ni recibieron remuneración alguna por tales funciones consignadas en el mismo.

En este último caso, el monto desembolsado fue de 68 millones de dólares en el mismo período, según la investigación, que posteriormente hizo una tercera denuncia de donaciones a organizaciones no gubernamentales controladas por diputados.

Entre los ejemplos citados por La Prensa, estuvo el de Cynthia Alba Cáceres, de 51 años, residente en La Chorrera, al oeste de Ciudad de Panamá, quien aseguró haber recibido ofrecimiento de ayuda, para lo cual solo debía escribir una carta de solicitud que entregó a una presunta funcionaria del parlamento.

Aseguró al diario que nunca volvió a saber del tema, pero su nombre aparece en la documentación mostrada por la investigación, la que da fe de recibir dos 2.800 dólares en noviembre de 2015, en calidad de donativo.

En la denuncia pública se mencionaron al menos tres diputados, de los cuales aún no se han obtenido declaraciones hasta el momento, pero fuentes de la Asamblea Nacional cuentan a los medios que entre noviembre y diciembre de 2016, se remitieron más de 100 cheques por semana para diferentes diputados.

Fuentes: PL; www.telemetro.com/
Edición: Bk

 

 

 

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